ASUNTOS JUDICIALES EN MANOS DEL GOBIERNO
Editorial de Expansión 6-1.
La sentencia europea sobre la retroactividad de las cláusulas suelo ha abierto un debate, alimentado en gran medida por la confusión. Todo nace de la ambigüedad de la sentencia del Tribunal Supremo, que deja en manos de los jueces la decisión, en cada demanda, sobre si las cláusulas son abusivas y si el cliente fue informado de forma transparente de su existencia a la hora de firmar el contrato hipotecario. De modo que los 1,5 millones de hipotecas que aplican ese suelo a los tipos de interés del préstamo podrían terminar en un tribunal a probar suerte. No pocos despachos de abogados trabajan en esa línea de negocio. La cifra es suficientemente grande como para convertir la cuestión en un asunto de carácter social, que además representa una amenaza de colapso para los juzgados, muy apropiado para el debate político. El Gobierno ha querido resolverlo con una medida a medio camino de todo, implantando un código de buenas prácticas insuficiente para la oposición. Ahora prepara un decreto que obligará a todas las partes a aceptar un mandato, todavía sin definir. Y será al margen de los jueces. El legislador debería actuar con cautela porque todo indica que contribuirá a enredar una cuestión, que claramente ha sido mal gestionada desde el principio. No debe caer en populismos ni contribuir a elevar la inseguridad jurídica.