LOS 200.000 EMPLEADOS DE BANCA, A PUNTO DE LIBRARSE DEL EXAMEN EXTERNO PARA PROBAR SUS CONOCIMIENTOS
En un documento del supervisor sometido a debate, que puede consultarse en la edición online de Cinco Días, se especifican tres soluciones para resolver la situación.
La primera opción sería “publicar los criterios de las directrices y características de una cualificación adecuada de las personas que informen y asesoren”. La CNMV añade que “sería la opción más rápida y sencilla, si bien quizás la menos ambiciosa en cuanto a conseguir un estándar homogéneo en el mercado”.
La segunda fórmula sería la más exigente: elaborar y publicar una lista de cualificaciones admitidas. “Se trata de una opción que permite crear un marco de valoración fácilmente contrastable, por las entidades, que facilite la supervisión y garantice de forma eficaz el cumplimiento de las obligaciones establecidas por Mifid II en la medida en que las certificaciones sean bien elegidas”. Pero la CNMV pone los peros después: “Su principal problema es la compleja puesta en práctica a corto plazo, teniendo en cuenta que no hay régimen transitorio […] Requiere una importante carga de trabajo inicial, pues son muchos elementos a considerar y lenta su puesta en práctica”, añade.
La fórmula híbrida es la favorita de la CNMV. “La propia entidad podría aplicar la primera opción a los empleados que no acrediten una certificación”. “Facilitaría a las entidades el cumplimiento de estas directrices al proporcionar mayor flexibilidad. Sería una alternativa para favorecer de manera voluntaria la tendencia hacia el uso de las acreditaciones reconocidas”, agrega.
El documento señala que, “de las tres alternativas indicadas, la tercera es la más adecuada considerando la situación de partida (ausencia total de regulación al respecto) y dada la anticipación necesaria que las entidades necesitan para formar a sus empleados, muchas de ellas ya han optado por recurrir a distintos formadores externos”. Esta es la opción con más partidarios en todos los ámbitos, según las fuentes consultadas. Con todo, la decisión aún no está tomada, y existen algunas divergencias entre las patronales, las asociaciones, los formadores y los certificadores.
La Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y el Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain) son partidarias de un tratamiento muy flexible.