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Por  Juan Ferrari. eleconomista.es. 13/10/2020.

Fuentes sindicales resaltan que actualmente hay un remanente de 2.500 millones. Los agentes sociales, tanto empresarios como sindicatos, llevan un par de años reclamando la reforma de la Ley 30/2015 por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral por su excesiva rigidez. La exigencia de someter a control posterior las acciones formativas está provocando que el 20% de las cuotas que cada año aportan las empresas para formación queden sin cubrir, según señala Sebastián Pacheco, secretario de Formación de UGT. Cada ejercicio, las empresas aportan con sus cuotas alrededor de 2.500 millones de euros -varía anualmente, pues depende del número de afiliados a la Seguridad Social-, de los que más o menos quedan sin utilizar unos 500 millones. Puesto que la ley establece que estos fondos solo puedan ser empleados para la formación de los empleados, el remanente sube a unos 2.500 millones de euros sin gastar, según denuncia Pacheco. En opinión del miembro del Comité Ejecutivo del sindicato, la exigencia de que el 40% de las subvenciones que reciben las empresas o los centros formativos quede en suspenso para ulteriores comprobaciones está en el fondo de que se queden recursos sin utilizar. La noticia sigue en el SIGUIENTE ENLACE.