EL GOBIERNO PREPARA UNA TASA A LA BANCA DE 250 EUROS POR RECLAMACIÓN
Por Juande Portillo. Ex.6-4-22.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley de creación de la Autoridad Independiente en Defensa del Cliente Financiero, un organismo que España tenía comprometido con la UE para julio de 2018, con la idea de ponerlo en marcha a finales de este año unificando los servicios de reclamaciones de los supervisores. El Gobierno plantea, sin embargo, ir más allá, aplicando una tasa de 250 euros por reclamación tramitada, dando carácter vinculante a las resoluciones de la Autoridad y multando a las entidades que las incumplan con sanciones de hasta el 5% de su facturación anual. El objetivo es evitar que los consumidores se vean abocados a mantener largas batallas judiciales contra la banca ante abusos como el de las cláusulas suelo. El nuevo organismo, que complementará las labores de evaluación de conducta de los supervisores financieros, unificará los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que quedarán suprimidos, y contará con la participación de la secretaría general del Tesoro. La Autoridad abordará las quejas de la clientela tanto de entidades de crédito, como de empresas de servicios de inversión, aseguradoras, establecimientos financieros de crédito, plataformas de financiación participativa, prestamistas e intermediarios de crédito, entidades de pago y de dinero electrónico o emisores y prestadores de servicios de del sector fintech (servicios financieros tecnológicos) y de servicios de criptoactivos, incluyendo monedas virtuales como el Bitcoin. LAS RECLAMACIONES PUEDEN COSTAR MÁS DE 8 MILLONES A BANCA, SEGUROS Y GESTORAS por E. del Pozo. Ex. 7-4-22. Es el resultado de la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero que estará en marcha en el segundo semestre del año, según las previsiones del Ejecutivo, y que aglutinará los servicios de reclamaciones de Banco de España, CMNV y Seguros y Pensiones. Las firmas financieras recibieron un total de 32.564 reclamaciones en 2020, el último ejercicio del que se tienen datos completos. La mayor parte de las quejas se coloca en la órbita del Banco de España, con 21.320 expedientes que equivaldrían a unos 5,3 millones de euros. El resto se distribuye entre la Dirección General de Seguros y Pensiones, con 10.002 reclamaciones y 2,5 millones de euros, y la CNMV que acumula 1.142 iniciativas equivalentes a unos 285.000 euros. MULTAS DE HASTA 1.000 EUROS POR DENUNCIAR A UN BANCO CON MALA FE ANTE LA AUTORIDAD DEL CLIENTE FINANCIERO por P.M. Simón. Cincodias.com. 8-4-22. Existe la posibilidad de castigo cuando se aprecie temeridad o mala fe. La entrada en acción del nuevo supervisor tendrá lugar solo cuando esté lista la dotación presupuestaria. Una de las medidas estrella anunciadas en lo que va de año por el Gobierno es la Autoridad Administrativa de Defensa del Cliente Financiero, que dictará veredictos vinculantes para todo el sector en las reclamaciones de menos de 20.000 euros y a la que los bancos deberán pagar con 250 euros por cada reclamación admitida. La otra cara de la moneda es que este nuevo organismo podrá multar al reclamante con un máximo de 1.000 euros si acudió al organismo con “temeridad o mala fe”, según consta en el actual anteproyecto de ley. LA BANCA ENCARECE EL CRÉDITO A LAS EMPRESAS POR LA GUERRA EN UCRANIA por Álvaro Bayón. Cincodias.com. 6-4-22. Las subidas de coste superan los 100 puntos básicos. La época del dinero casi gratis se ha terminado. La guerra en Ucrania, la inflación y las inminentes subidas de tipos de los bancos centrales han cerrado el grifo de la liquidez que inundaba el mercado de financiaciones en los últimos años. Los bancos ya han trasladado a las compañías contundentes alzas en el interés de las nuevas financiaciones, según indican fuentes financieras. Y, en muchos casos, el mercado se encuentra completamente cerrado. Los grandes bancos de inversión se agarran a varias causas para justificar esta alza de precios. Por un lado, está el mayor riesgo que deben asumir para asegurar las operaciones en un entorno muy complicado a nivel geopolítico, con unas implicaciones sobre la economía y los costes de producción aún por descifrar. Por el otro, opera una escasa liquidez en los mercados de capitales y en los de deuda parabancarios. Las empresas, al contar con un abanico más pequeño de posibilidades para financiarse, solo pueden llamar a la ventanilla de los bancos. Y estos, con menos competencia, suben el precio.
Pretenden que el derecho a reclamar a través de este engendro los abusos considerados “más graves”, sea de 4 años. Y para los “leves” de 2 años.
Es todo un despropósito tan enorme que llega a disponer que si tras tener un veredicto del engendro, no estás conforme y acudes a la vía judicial administrativa y ésta te da la razón, pero consigues menos dinero que lo que te daban en el engendro, tendrás que asumir las costas… es tan ridículo e inconstitucional que deja en evidencia la incompetencia e ignorancia de quienes lo ha redactado.
Por último me gustaría que cualquier juez de lo contencioso administrativo nos comentase los enormes conocimientos que tiene de derecho bancario.